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El gobierno de Mauricio Macri publicó el decreto en el Boletín Oficial que anuncia que se indemnizará a los afectados por las explosiones en Río Tercero en 1995.
Según la información publicada bajo el el Decreto 309/2018, el Gobierno plantea que «resulta preciso definir con exactitud el universo de sujetos que cuentan con legitimación activa para acceder a los montos indemnizatorios». A tales fines, se remarca la importancia de identificar a quienes, al momento de entrada en vigencia de la Ley 27.179, reclamaban judicialmente daños y perjuicios por los acontecimientos de los días 3 y 24 de noviembre de 1995.
Además, se establece como condición determinante para acceder al derecho de indemnizatorio: «Debe entenderse que las condiciones necesarias y suficientes de la legitimación activa son haber interpuesto demanda judicial, que la misma se encuentre vigente y no haber obtenido un resarcimiento o haber obtenido uno cuantitativamente menor al dispuesto por la Ley N° 27.179 ; pues sólo de esta manera podrá darse cumplimiento a sus objetivos». En esa sintonía, se traduce que por «causa judicial vigente debe comprenderse que la causa se encuentre activa y no haya caducado o perimido la instancia».
Para llevar adelante esta tarea, el Estado designa al ministerio de Defensa como responsable de su cumplimiento. En ese sentido, se llevarán adelante trabajos para determinar el mecanismo de actualización de la suma percibida para concretar la operación aritmética.
El decreto completo
El 3 de noviembre de 1995 se inició el fuego en un tambor de trotyl en la planta de cargas de la Fábrica Militar de Río Tercero; minutos después fueron 20 las explosiones que volaron los depósitos de expedición y suministros y dejó a la ciudad cubierta de esquirla y latones. Murieron siete personas, hubo 300 heridos y decenas de casas fueron destruidas.
Entre 1996 y 1999, el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos a cientos de personas por daños materiales y a las familias de los siete muertos. Aparte, hay 10.000 demandas por daño moral y psicológico que gestiona el abogado Mario Ponce, quien en el 2005 denunció al Estado argentino ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por no dar respuestas a esa gente.
