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VILLA MARIA/ TRIBUNALES FEDERALES/ Por Patricia Gatti, periodista del Diario Centro del País, Villa María.
La Fiscalía Federal de Villa María imputó a las autoridades de una clínica de Río Tercero por los delitos de asociación ilícita, defraudación y extorsión. Estos hechos ocurrieron porque las autoridades de la clínica ordenaron a sus empleados, fundamentalmente los administrativos, a que cobraron prestaciones a afiliados al Pami que tenían gratuidad.
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Sucedieron entre los años 2016 y 2018. Hubo una serie de denuncias, hacia el Pami, porque cuando llegaba un afiliado a la clínica pidiendo una prestación o estudio específico advertían que había un cartel que decía que los tratamientos del Pami eran gratuitos. Sin embargo debían abonar cifras económicas para las que ni siquiera les daban un recibo.
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Desde el Pami advirtieron esta situación por las denuncias que llegaban de esta clínica, la Clínica Modelo de Río Tercero, y decidieron remitirlo a la Fiscalía Federal de Villa María. Por esa razón se instó el procesamiento de los profesionales médicos: Néstor Enrique Chali, Amado Pedro Simonelli, Federico Luis Rutis y Carlos Alberto Acornero, todos responsables de la administración y gerenciamiento de la clínica privada.
Se trabó embargo, no sólo sobre los bienes de la clínica, sino sobre los bienes de las personas físicas procesadas por este caso.
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¿Cómo ocurrieron los hechos?. Hay casos puntuales que se presentaron, pero se resguarda la identidad de los damnificados. Un afiliado fue a pedir un estudio, que era una cirugía de laparoscopía vesicular, le dijeron que esa prestación no estaba incluida en el Pami, y que para no hacerse la cirugía tradicional debía abonar $2.000, cuando en realidad sí estaba nomenclada en las prestaciones del Pami.
Lo mismo le pasó a otra afiliada que en la recepción de la clínica le pidieron $1.100 para realizarse una Tomografía Computada de Tórax y una ecografía doble. Estos fueron los hechos que motivaron a la fiscal María Schianni a calificar las acciones de los dueños de la clínica como defraudación.
En los casos de asociación ilícita es porque entienden que todas las personas que están procesadas conformaron una asociación destinada a cometer una cantidad de estafas y extorsiones contra afiliados del Pami mediantes diferentes engaños e intimidaciones.
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Y los funcionarios del PAMI, no forman parte de esa asociación ilícita, el auditor del PAMI, tampoco tiene nada q ver, creo q se debe profundizar más la investigación
Los imputados, no son bb de pecho, son delincuentes, siempre hicieron y hacen lo mismo, te cobran aparte, sin dar recibo, siempre hay un plus, para a te atiendan y el PAMI, siempre consintiendo esas situaciones