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La Sociedad Rural reclamó la sanción de una nueva ley para las retenciones

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NACIONAL / CAMPO /Domínguez consideró que el amparo presentado por la entidad es “un hecho político”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a nivel nacional, Nicolás Pino, salió a defender el amparo que la organización presentó en los tribunales de Córdoba para que cesen las retenciones a las exportaciones del sector, al aseverar que se trata de un “impuesto injusto”.

 

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El dirigente argumentó que, tras el rechazo del Presupuesto 2022 en el Congreso, “no hay una ley que obligue al pago” del tributo. En diciembre “se terminó la Ley de Emergencia y no se aprobó la Ley de Presupuesto que alargaba las facultades del Ejecutivo”, explicó Pino, quien aseguró que “lo analizamos y concluimos que estamos en un momento en que no puede haber cobro de tributo porque no existe la ley que obligue al pago del tributo”.

“Dentro del Presupuesto había una posibilidad de darle al poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema de retenciones por dos años más, y esa ley no fue votada. Por lo tanto, no habiendo ley de emergencia ni de presupuesto, no se puede cobrar ese tributo de derecho de exportación”, enfatizó el empresario agropecuario, quien aseveró que “todo tributo tiene que estar respaldado por una ley”.

 

 

“Necesitamos que esto se formalice mediante una ley”, enfatizó el dirigente en una entrevista radial, donde desconoció el Código Aduanero –que en sus artículos 755 y 756 habilita el cobro de retenciones-, al aseverar que “nuestros asesores legales marcan que esa ley ya está desde hace tiempo dada de baja”.

“Lo único que estamos pidiendo es que se regularice una situación que es anormal (…). Que hagan la ley en el Congreso”, agregó el dirigente, quien aclaró: “La SRA pide que los señores del Congreso discutan y hagan una ley y volvamos a la normalidad”.

Del lado de la Nación, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, consideró que el amparo presentado por la SRA configura “un hecho político” que pretende “generar un conflicto en el cual el Gobierno no va a entrar”. Domínguez criticó la postura de la entidad ruralista al advertir que, desde el punto de vista jurídico, “sigue vigente y prorrogado el Presupuesto de 2021” y “ninguna de sus facultades se ha alterado”, ya que con el decreto que extiende su validez “también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios”.

 

 

Pero más allá de la discusión legal, el titular de la cartera agropecuaria consideró que el reclamo “es un hecho político”, con el que se pretende “generar un conflicto en el que no vamos a entrar”, ya que el presidente Alberto Fernández pidió a sus ministros que “sigan con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores”.

El lunes, la SRA y la Sociedad Rural de Jesús María presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal de la localidad cordobesa para no pagar más retenciones a las exportaciones de todos los productos agropecuarios. El amparo, que reclama que se “declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022”, recayó ayer en el juez Ricardo Bustos Fierro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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