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Centro de Control Operativo en Río Tercero, en la comisaría local

Los municipios podrán usar cámaras de seguridad para sancionar contravenciones

CÓRDOBA/ PANDEMIA DE CORONAVIRUS/ La Unicameral busca sancionar una modificación a la ley actual para que las comunas usen las imágenes tomadas por las cámaras del ministerio de Seguridad provincial con ese fin.

 

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Mediante una modificación a la Ley de Videovigilancia, la Legislatura de Córdoba avanzó en una normativa que permitirá a los gobierno municipales utilizar cámaras de para controlar y penar contravenciones.

 

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La nueva disposición entrará en vigencia a partir de la adhesión de cada uno de las administraciones locales y se estipula el uso de los dispositivos de video instalados en acuerdo con las normativas ya existentes en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Pero además abre la posibilidad de incorporar nueva tecnología, como pueden ser drones o cámaras instaladas en las pecheras, que ya se utilizan en algunos lugares.

De acuerdo a lo que se informó desde el Gobierno de la Provincia, en la actualidad hay instaladas unas 2259 cámaras, de las cuales 1099 se encuentran en la capital. En caso de que todos los gobierno locales se adhieran a la nueva normativa, más del 80% de la ciudadanía cordobesa estará alcanza por estos dispositivos de seguridad.

 

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El proyecto generó polémicas en torno al posible uso de las imágenes personales de los ciudadanos, sobre todo en un contexto general en el que por estas horas se discute la utilización ilegal de datos personales a partir de las denuncias por espionaje que involucran a la anterior gestión nacional.

En ese contexto, la legisladora del MST, Luciana Echevarría advirtió que la presencia de cámaras en las condiciones de propuso el oficialismo, “ponen en peligro derechos esenciales del conjunto de los cordobeses y cordobesas” ya que no existen disposiciones “claras y específicas sobre cómo van a ser utilizadas las imágenes”. Como respuesta a dicho planteo, desde la bancada oficial se advirtió que desde el 2007, año en que se reglamentó la Ley 9.380, no ha habido denuncias respecto al uso ilegal de las imágenes obtenida por las cámaras de seguridad dispuestas en la provincia.

 

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