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La presión social, mediática y de la oposición, puso en manifiesto la marcha atrás del estado nacional. Según el director de Asuntos Jurídicos de Defensa, Juan Mocoroa aclara: “Es voluntad del Ejecutivo que todos los afectados cobren de acuerdo con lo que marca la ley”.
En tanto, fuentes extraoficialmente, el ojoweb asegura que era intención del gobierno avanzar con el no pago a los damnificados. Se intentó ahorrar -en referencia a los 1.700 millones de pesos- pero el arco opositor en su conjunto mostró una oposición unilateral sobre este tema.
Mocoroa anticipó que la reglamentación está lista, que es inminente su publicación, y atribuyó la demora a trámites burocráticos del Estado.
