domingo , junio 20 2021
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El anuncio lo hizo el presidente Macri, en el mes de agosto.

Por un decreto, los familiares de empleados y funcionarios públicos no podrán tener prioridad para trabajar en el Estado

La noticia fue anunciada el mes pasado por el presidente Macri y la medida abarca a la Administración Nacional (administración central y organismos descentralizados), empresas y sociedades y entes públicos donde el Estado nacional tenga el control mayoritario.

¿Y EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO?. En el caso de la Municipalidad de Río Tercero, la política de de recursos humanos  es diferente. La contratación de familiares que ya integran el plantel permanente es una recurrencia en la gestión,

En el mes de setiembre el municipio decretó que 36 empleados que estaban en forma precaria con contratos pasaran a planta permanente. La buena noticia es que esa treinta de empleados serían «blanqueados», pero la curiosidad es que siete de ellos tiene su hermano, pareja y/o esposa/o trabajando en el municipio.

Es importante saber que los «privilegios o preferencias» para el acceso a los cargos públicos y empleos que estén basados en vínculos de parentesco, tiene  una mirada diferente sobre el resto. Se supone que el cargo provisorio o permanente de un puesto de trabajo estatal no podría incurrir en prácticas que permitan, faciliten, promuevan o fomenten privilegios o preferencias.

DESDE LA NACIÓN NO QUIEREN AGRANDAR MÁS EL ESTADO. El decreto nacional, que lleva el número 732/2018 fue publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña. «La existencia de normas que asignan prioridad para acceder a un cargo público a los causahabientes de un agente o funcionario público fallecido en actividad y perteneciente a su planta permanente, consagran privilegios que contravienen la garantía de igualdad«, expresó el texto en sus fundamentos.

Los familiares ya no tendrán preferencia para ingresar al Estado como empleados

Macri, en ese sentido agregó: «Resulta oportuno ratificar los principios bajo los cuales las personas deben ser seleccionadas para acceder al cargo público sobre la base de su idoneidad para ejercerlo, acreditada a través de un proceso que no conceda privilegios o preferencias discriminatorias y reñidas con el derecho de igualdad«, agregó.

 

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