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Suena muy extraño, pero la letra del contrato que deben firmar alrededor de 450 operarios de la Fábrica Militar de Río Tercero es transparente. En caso de paradas de mantenimiento o caídas en las ventas, los trabajadores aceptan ser suspendidos y cobrar hasta un 50% menos de salario.
El contrato propuesto plantea un criterio flexibilizador y traslada el riesgo empresario al trabajador, al hacerlo cargo económicamente de la reducción de la producción por pérdida de mercado o mantenimiento operativo. Eso es lo que significa la reducción del salario a percibir.
También instala un canal directo entre patronal y obreros, dejando de lado la representación sindical, que en la legislación laboral argentina es la única institución que negocia con su contraparte eventuales cambios en las condiciones de trabajo y salariales que establecen los convenios colectivos de trabajo. Es decir, un acuerdo individual no puede modificar las condiciones generales de la actividad.
En el caso de la FMRT, el 90% de los empleados son contratados.
Fueron ingresando en esa condición desde 2003 en adelante, pero no podían ser efectivizados porque no se derogaba la ley de Reforma del Estado aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, en los años 90′. Este paso recién se produjo en 2014, con el apoyo de todos los bloques legislativos, incluidos diputados y senadores de Cambiemos. Luego de ello, 25 trabajadores de los más antiguos, con 15 años en la empresa y que se encontraban en esta condición precaria, concursaron para acceder a planta permanente. Aprobaron la evaluación de esa instancia y sin embargo, la resolución no se ha dictado aún.
